Tras largos períodos de dictadura, la transición democrática supuso un significativo avance para la calidad institucional latinoamericana, pero las recientes crisis económicas han despertado los recelos de amplias capas de la población respecto al funcionamiento de las mismas y a la calidad de nuestros políticos, gobernantes, jueces, y administradores públicos. Lograr una regeneración democrática en Latinoamérica y superar el recelo y la insatisfacción de los ciudadanos ante nuestras instituciones, sólo será posible mediante una significativa mejora en el funcionamiento de las mismas. Influirán también, por supuesto, que la recuperación económica y la superación de la desigualdad de oportunidades sean percibidas por todos para que ese recelo y esa insatisfacción se vayan disipando. Una mejora de la calidad institucional generará también a medio plazo una mejor posición competitiva de nuestra región, que permitirá a su vez mayores tasas de crecimiento con la consiguiente creación de riqueza, empleo e ingresos fiscales. En la medida que las sociedades avanzan y se desarrollan, surgen nuevos requerimientos y exigencias hacia el sector público que se traducen en demandas responsables, informadas y dinámicas, planteando múltiples desafíos. Atender estos desafíos requiere disponer de un sector público con una estructura flexible, proactiva y mucho más cercana que permita abordarlos eficientemente en calidad, oportunidad y novedad. La calidad se está convirtiendo en un instrumento fundamental para fortalecer la eficiencia de los procesos internos y la prestación de los servicios públicos. Lograr consolidar una “Administración Pública Inteligente”, permitirá a los gobiernos y a sus servicios civiles o función pública, recuperar la confianza ciudadana y hacer frente a las presiones para mejorar sus rendimientos, en un contexto de austeridad continua. La Buena Gobernanza incluye muchos elementos. Pero si la configuramos como un Sistema en el que se ha de integrar la Transparencia, podríamos incorporar en aquel, al menos, tres dimensiones: a) Integridad Institucional; b) Gobierno Abierto; y c) Eficiencia. Las relaciones entre estos tres planos son evidentes. La finalidad es mejorar la rendición de cuentas de los gobernantes. La tecnología también puede contribuir a “forzar” una cultura de la transparencia y la participación ciudadana, en la medida en que Estado y sociedad civil adviertan que todo el ciclo de las políticas públicas puede beneficiarse de su aporte. Estos adelantos tecnológicos, a su vez, aportan un elemento no deseado como lo es la imposibilidad de acceso de los ciudadanos con menos recursos. Esta desigualdad debe ser atendida por aquellos gobiernos que presuman de la buena gobernanza, implementando políticas de inclusión para evitar distorsiones aún mayores. Además, evitar más desigualdad social y reparar las existentes posibilitará lograr una mayor cohesión social que aporte a una pacífica convivencia. Uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que garantice que se puedan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

El envejecimiento de la población al que se enfrentan España y la mayor parte de los países de la UE (Fuentes y Solé, 2012; Vallespín y Martínez, 2017), supone uno de los mayores retos que se deben abordar desde los gobiernos. Junto con el fomento de la natalidad, las políticas públicas afrontan la necesidad de garantizar un envejecimiento activo y autónomo en el contexto de una sociedad cada vez más envejecida (Zamarro, 2016). Uno de los objetivos de la presente propuesta de ponencia pasa por tratar de clarificar el concepto de envejecimiento activo o active ageing. Estamos ante un término que, a pesar de la definición que proporciona la OMS, sugiere muchas dudas (Clarke y Worren, 2007). Estas vienen dadas por la tendencia a usarlo indistintamente para referirse a otros como el healthy ageing, productive ageing o ageing well, entre otros (Ranzijn, 2010). Del mismo modo, abordaremos como ha ido cambiando el enfoque adoptado por los gobiernos para llevar a cabo estrategias de envejecimiento activo a lo largo del último siglo XX - período en el que las políticas de vejez empiezan a ocupar un importante terreno en el ámbito de las políticas sociales, sobre todo a partir de la segunda mitad (Subirats, 2016) - . Analizaremos el cambio en los enfoques abordados por el policy making. Observaremos esa evolución desde que ya en los 50s diversos socio-gerontólogos comenzaran a destacar la importancia de la vida activa para la satisfacción personal (Boudiny, 2012). Sin embargo, históricamente se ha venido haciendo hincapié en un modelo de déficit de las personas mayores para el resto de la sociedad (Boudiny, 2012), con incentivos para el retiro, entre otros (Hong, 2006). Como confrontación a esto, algunos autores nos hablan de adoptar “ópticas generacionales”, en donde se piense a las distintas edades como etapas de la vida, no como grupos diferentes y enfrentados entre sí (Pérez Díaz, 2016). En resumen, trataremos de clarificar y diferenciar el concepto frente a otros que se usan de manera erróneamente sinónima, abordaremos las principales perspectivas generales empleadas en la elaboración de políticas públicas de envejecimiento y analizaremos los nuevos paradigmas que sugieren los diferentes autores para satisfacer con eficacia el objetivo del envejecimiento activo.

El neoliberalismo es un proyecto político; como política económica, se ha caracterizado por la des-regulación económica, el respeto de la propiedad privada, liberalización comercial, financiera y de capitales, austeridad fiscal, creación de asociaciones público-privadas, la financiarización como patrón de acumulación, fortalecer al sector financiero privado, etc. Las estrategias institucionales de su anclamiento fueron: dotación de autonomía a los bancos centrales y a organismos reguladores-conductores de la política económica, la firma de acuerdos y tratados comerciales y de inversiones, y la adhesión al Estado Multinacional. Su modelo teórico-político es la democracia liberal. Y, teóricamente, plantea el modelo de libre mercado, mediante el mecanismo de precios, como la mejor opción en el logro del desarrollo económico nacional y global. Lo anterior es lo que Andrés Manuel Lópezz Obrador, actual presidente de México prometió erradicar, sin embargo, a casi un año de su gobierno, permanece un banco centran autónomo que imposibilita al Estado imprimir dinero para financiar el déficit público y aumentar el gasto en inversión productiva y social que permitan desarrollar tecnología, el sector productivo y la industria nacional. Esta política impulsa la permanencia del capitalismo financiero al obtenerse ingresos públicos extraordinarios solo contrayendo deuda, lo cual fortalece al sector financiero privado; la actualización del TLCAN (ahora T-MEC); proyectos con capital público y privado como el Tren Maya y el Corredor Transísmico; la dependencia de la política comercial, industrial y monetaria de los lineamientos de la OMC, el Banco Mundial y el FMI; reducción en 50 por ciento del ISR y el IVA en la franja fronteriza con EUA, como última barrera contra la migración; subsidios a la demanda, como las guarderías y apoyos sociales directos más que en especie; la permanencia de autonomía en organismos clave en la política económica; el compromiso de la austeridad fiscal y superávit primario que garantiza el pago de la deuda pero contrae el gasto público y frena las ocasiones de inversión productiva y el impulso a la demanda. Lo anterior es sintomático de la permanencia del neoliberalismo en México, pues se frena una mayor maduración y ampliación de la política neoliberal, más no se erradica; por dos razones: se desconoce lo que es el neoliberalismo y cortar de tajo la política desataría una crisis incontenible. Esperemos que el gobierno tenga la capacidad de des-neoliberalizar gradualmente, pero, por ahora, se vislumbra la futura permanencia del neoliberalismo en México.

El 2 de octubre de 2016, en una reñida votación, el No se impuso en el plebiscito por la paz de Colombia. Lo que fue una sorpresa para muchos países, fue uno de los momentos más tristes para todas esas personas que vieron en esa jornada plebiscitaria la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Ese resultado, inexplicable, para la comunidad internacional refleja las particularidades de la política y la sociedad colombiana, la cual ha encontrado en la prolongación de los conflictos, las condiciones subjetivas y objetivas para sostener las estructuras de la inequidad y la incapacidad de reconocer la diferencia como un atributo de unas instituciones civiles que se autoproclaman como democráticas. A partir de ese acontecimiento es posible aproximarse a la forma en que se han pensado las relaciones entre el Estado y la sociedad en Colombia y avanzar en la urgente necesidad de construir una nueva legitimidad capaz de superar las clásicas y tradicionales estructuras excluyentes en un país como Colombia que avanza hacia un cohesión ajustada a los principios democráticos de su actual carta política

El propósito de este trabajo consiste en analizar comparativamente las condiciones que inciden sobre la autorregulación y gobernanza de los sistemas de educación superior (SES) en Iberoamérica. Puntualmente, se indagará en los efectos de las políticas estatales sectoriales en el funcionamiento de los SES. En este marco examinaremos ¿qué factores determinan el consenso o la confrontación sobre los sistemas de educación superior en cada uno de los casos estudiados? Utilizando el qualitative comparative analysisse estudiarán 16 casos en la región incluidos en el informe CINDA2016. Se concluye que existen “dos mundos” que resuelven los desafíos de autorregulación y gobernanza por vías distintas, el de la educación superior pública masificada y el de la educación superior construida con base en lógicas de mercado.

Este texto aborda as Comissões ou Comitês de Fronteira, dispositivos legais e orgânicos ministeriais de cada Estado nacional em relação a ação estatal nas franjas fronteiriças tendo como eixo a forma de atenção a proteção social . Regata a contribuição e forma de ação das Comissões de Fronteira para o atendimento da população residente nas linhas de fronteira quanto as suas necessidades básicas de proteção social pública. Esta preocupação com as Comissões de Fronteira decorre de estudos anteriores ao evidenciaram a falência de ações governamentais visando ampliar a cooperação transfronteiriça. Tem como objetivos resgatar os aspectos legais incidentes sobre as comissões de fronteira nos quatro países e a configuração das estruturas organizacionais existentes e seu impacto no alcance da proteção social na região estudada. Os dados documentais foram obtidos em um banco de dados construídos por ocasião de consultoria ao Instituto Social do Mercosul sobre cidadania social em cidades gêmeas da fronteira dos países integrantes do Mercosul. As principais fontes de dados secundários foram CEPAL, IPEA, páginas dos Ministérios dos quatro países, OPAS, UNASUR, ISAGG, INDEC, IBGE, Dirección de Estadísticas e Información en Salud – Ar, Instituto Nacional de Estatistica – UY, Anuário Estatístico do Paraguai, Serviço de Processamento de Dados -SERPRO; -Rede de Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud en el Cone Sur, Iniciativa de Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana –IIRSA; Observatório de Políticas de Fronteira - CEFIR. Além dos dados documentais foram realizadas entrevistas com gestores das áreas da saúde e assistência social, nos marcos da mesma consultoria, no ano de 2017. Os resultados assinalam a diversidade existentes entre as Comissões de Fronteiras e o funcionamento distinto das mesmas em termos de frequência de reuniões, pautas agendadas, relação com níveis hierárquicos. Apontam ainda para a dificuldade de relação com os demais os níveis hierárquicos dos governos nacionais e a reduzida autonomia para acordos formais.

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) para o período 2012-2015 apresenta cenários e perspectivas para a consolidação de políticas científicas e tecnológicas de forma que as mesmas funcionem como diretrizes e sustentação para a construção de um modelo de desenvolvimento nacional. Evidencia-se a importância da temática para o desenvolvimento ao consolidar em um documento de caráter estratégico os objetivos e metas, mas também as deficiências e os desafios para a implementação dessas políticas no país. Considerando esta trajetória, coloca-se como objetivo deste estudo: analisar o processo de elaboração da ENCTI 2012-2015 em sua relação com as diretrizes de desenvolvimento brasileiro. Caracterizam-se os componentes da ação pública (atores, processos, instituições, representações e resultados) no processo de construção da ENCTI, por meio da análise de conteúdo de documentos que precederam a realização das conferências, bem como foram resultados da sua realização. No Brasil, a construção de políticas de C, T&I teve sua ênfase na inovação tecnológica voltada para o desenvolvimento da indústria nacional, a qual cresceu fortemente apoiada em políticas governamentais que buscavam o crescimento econômico por meio da dinamização industrial. As ações estatais derivaram de ideias propagadas nos países centrais e mantiveram a tendência à adoção do modelo linear de inovação, o qual admite uma relação direta entre insumos, destinados à pesquisa e inovação tecnológica, e o desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, as economias em desenvolvimento tendem a apresentar características do modelo de aprendizado tecnológico, no qual há crescentes limitações à inovação em virtude da dificuldade de inserção do conhecimento como instrumento importante no processo produtivo. Nesses países, a competitividade é baseada na exploração de recursos naturais e em frágeis relações sociais e institucionais. A identificação dos cinco elementos da ação pública – atores, processos, instituições, representações e resultados – mostrou-se essencial, ao longo da pesquisa, para compreendermos a percepção dos atores envolvidos acerca do papel da ciência, da tecnologia e da inovação para superação de desafios estruturais e consolidação de um alinhamento entre as diversas políticas e programas na tentativa de se pensar um modelo nacional de desenvolvimento. Nesse contexto, a análise do processo de realização das conferências regionais e nacionais, com a busca dos discursos apresentados, dos processos constituídos e dos atores envolvidos, explica, ainda que de maneira implícita, as diretrizes adotadas para a política científica e tecnológica no Brasil. Os temas discutidos nas conferências de certa forma resultam do contexto histórico, político e econômico do período de realização do evento, e norteiam a elaboração de programas e projetos e a definição de setores e áreas estratégicas. As conferências denotam ainda algumas características estruturais da política científica e tecnológica brasileira que acentuam deficiências históricas e institucionais do País, considerando que a significativa representatividade de determinada região ou instituição de maneira contínua pode acarretar distorções na elaboração da política nacional no que se refere ao atendimento das demandas regionais, mas também no que tange à percepção do problema, à alocação de recursos e às escolhas dos instrumentos utilizados.

En un continente donde las reservas de hidrocarburos son limitadas y la importación de energía supera el 50%, la búsqueda de una mayor seguridad energética se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes de la acción exterior de la Unión Europea. Las estrategias para la diversificación de fuentes de gas y petróleo, junto con el aumento de la producción propia a través de renovables y la mejora de la eficiencia energética, son la base de una política energética comunitaria que pretende reducir las importaciones de Rusia –el mayor proveedor de los Estados miembros con diferencia– a la vez que se avanza hacia un modelo menos contaminante e integrado. Sin embargo, la decisión de Alemania de construir un segundo gasoducto paralelo al ya disponible Nord Stream ha supuesto un órdago a los planes de la Comisión, poniendo en duda la estrategia energética comunitaria. El proyecto, que pretende aumentar de manera relevante las importaciones alemanas de gas ruso, tiene una motivación estrictamente económica, aunque las consecuencias son, ante todo, políticas. La UE lleva más de una década intentando reducir las adquisiciones de hidrocarburos procedentes de Rusia y abrir otras vías de suministro por el sur y el este, por lo que los planes alemanes actúan en contra de los diseñados por la Comisión para todos los Estados miembros. El proyecto Nord Stream 2 ha encontrado una fuerte resistencia por parte numerosos actores. Muchos socios europeos, como Polonia, Italia y los países bálticos, se oponen a que Rusia aumente su cuota de mercado en la UE. Por su parte, EE.UU. ha criticado duramente el gasoducto, en parte porque supone un freno a sus exportaciones de GNL a Europa. Sin embargo, el más perjudicado es Ucrania, país que puede perder importantes cantidades de ingresos por el desvío de las rutas de suministro al Mar Báltico. El gobierno de Kiev, con graves problemas financieros y una importante desestabilización interna, hizo una fuerte apuesta por alinearse con la UE, por lo que es muy crítico con un proyecto que, además de perjudicarle, beneficia principalmente a Rusia, país con el que tiene severos litigios. Alemania, por su parte, se niega a reconsiderar sus planes de abastecimiento energético. En definitiva, son numerosos los retos a los se enfrenta la UE con el proyecto Nord Stream 2. A los problemas legales que se derivan de su puesta en marcha, se unen los riesgos económicos y políticos, además de la credibilidad de la política energética comunitaria, ya que el gasoducto opera en contra de los intereses de varios Estados miembros tenga herramientas para evitarlo. El objetivo del documento que se propone es analizar el proyecto Nord Stream 2, sus razones y su viabilidad, así como los desafíos a los que se enfrenta. Además, pretende proponer posibles soluciones a los problemas derivados de su puesta en marcha, pues se trata del mayor reto al que se ha enfrentado la política energética comunitaria y la Unión de la Energía hasta la fecha.

El Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, publicado en el B.O.E. el 8 de agosto, es una norma que no ha evolucionado al siglo XXI conforme ha ido evolucionando la organización territorial y la estructura competencial de las Comunidades Autónomas. Tampoco se ha adaptado la norma por la desaparición de algunas autoridades reflejadas en su articulado, como por ejemplo los gobernadores civiles, ni ha incluido tampoco a otras que forman parte de las autoridades, como los diputados del Parlamento Europeo. Es una opinión unánime la necesidad de su reforma, abriéndose también el debate de si es necesaria una norma con rango legal o con rango reglamentario. La oportunidad de su reforma, que refleje mejor la estructura de poderes, llega con la aprobación de una habilitación normativa expresa para la aprobación de un nuevo Real Decreto que tendrá que regular la precedencia de las autoridades, Instituciones y Corporaciones en los actos oficiales que se celebren y cuya presencia articulan, sin duda, la imagen política y administrativa de la Nación. Palabras clave: Precedencias, actos oficiales, protocolo, estructura de poderes, organización territorial. Palabras clave: Precedencias, actos oficiales, protocolo, estructura de poderes, organización territorial. Palabras clave: Precedencias, actos oficiales, protocolo, estructura de poderes, organización territorial.

En este paper se realiza por un lado, un repaso de literatura sobre la relación entre las élites y el desarrollo económico en los países en desarrollo. Por otro lado, se propone un marco analítico (que incluye una matriz de indicadores) construido desde aportaciones teóricas y empíricas que analizan las capacidades por las cuales las élites influyen en la estructura institucional y por ende, en las políticas de desarrollo económico del sector agropecuario en Colombia. Tanto la revisión de la literatura como la propuesta teórica se enmarcan dentro de la investigación doctoral “Élites agropecuarias y apropiación del Estado en Colombia (1990-2014)”, que tiene por objeto de estudio el conjunto de élites del sector agropecuario en Colombia. Para la realización de este paper se optó por incorporar una metodología mixta en donde el método histórico-estructural de Sunkel (1970) se combina con el análisis de redes sociales de Wasserman & Faust (2013). Éste último se utiliza para plantear el enfoque metodológico sociocéntrico en donde se asume la red social como un objeto fundamental para comprender los comportamientos de los actores y sus relaciones dentro de un determinado campo social definido (Wasserman y Faust, 2013:25). Los tipos de datos recopilados provienen en su mayoría de fuentes secundarias (revisión de prensa, consulta de investigaciones y análisis académicos) y algunas fuentes primarias producto tanto de la realización de entrevistas como de la revisión de documentos provenientes de las instituciones gubernamentales con el fin de adquirir un conocimiento estructurado que pretenda tener un carácter objetivo. PALABRAS CLAVE: Élites, Desarrollo Económico, Redes, Poder, Países en Desarrollo, Colombia, Estructura Institucional.

Durante la última década se ha asistido a la proliferación de estudios que analizan la comunicación política que se da en redes sociales (RRSS). La atención se ha concentrado en la eficacia que tendrían como medios de movilización social (Schwartz, 1996; González-Bustamante, 2014; Cansino et al, 2014) y como herramientas político-electorales (Haunss, 2015; Jungherr, 2016). En relación al actor, existen distintas hipótesis en torno a qué incentiva a un político a usar las RRSS, distinguiendo entre factores individuales (Johansson, 2016; Straus, et. al., 2016), institucionales (Giebler y Wüst, 2011; Lorenzo y Garmendia, 2016), partidarios (Giebler y Wüst, 2011; Lilleker y Koc-Michalska, 2013) y coyunturales (Sarcinelli, 2004; Pior, 2014), entre otros. En relación a los internautas, se ha llegado a comprender que las RRSS terminan por permitir la participación con fines colaborativos, conectándose e interactuando para construir comunidad (McCay-Peet y Quan-Haase, 2017), al punto de afirmarse que, para quien las usa, existe una mayor probabilidad de que apoye la democracia (Latinobarómetro, 2018). Sin embargo, el uso masivo que los gobernantes latinoamericanos hacen actualmente de las RRSS, así como los efectos que generan en las respectivas comunidades y audiencias digitales, no parece haber sido explorado oportunamente aún. Esta carencia investigativa se da en el contexto de los desafíos que actualmente se refieren al déficit democrático (Pasquino, 2016) y a la democracia de audiencias (Manin, 1998), fomentados, entre otros, por la crisis de representación política (Sartori, 1996) y el surgir de nuevas formas de populismos (Fernández-Santillán, 2018). A estos se acompañan ciertas modificaciones societales en acto, en donde han cambiado (digitalizándose) las formas de conversar e informarse sobre política (Latinobarómetro, 2017). En este contexto se comprende cómo las particularidades de la comunicación, habilitadas por las RRSS, han terminado por reconfigurar la forma en que gobernantes y gobernados reconstruyen el vínculo representativo. El estudio plantea una respuesta al desafío de comprender el creciente desplazamiento de la política, la acción comunicativa y la reconfiguración de la representación política, hacia el territorio digital. Para ello se analiza el alcance de las RRSS en este escenario, guiado por la acción comunicativa digital de las máximas autoridades de gobierno. Ponemos en práctica una metodología mixta y comparada, con base en el análisis de la presencia y de la acción comunicativa digital de los presidentes de 4 países latinoamericanos -y de las percepciones que en torno a estos se generan en la red- contrastándola con variables (políticas e institucionales) consideras como explicativas de dichas acciones y configuraciones. La metodología considera el uso de técnicas de big data, consideradas como un gran potencial para la investigación (Stewart y Quan-Haase, 2017). Se utilizan softwares y aplicaciones de desarrollo propio.

El objeto del presente paper es presentar el debate conceptual y teórico vinculado a buenas prácticas en el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial que se están llevando a cabo en el sector público a nivel local, regional o estatal, reflexionando sobre las posibilidades de mejora y las posibles dificultades de encaje jurídico o ético que pueden presentar tales experiencias en la actualidad, con el objetivo último de contribuir a la adecuada consolidación de la nueva administración inteligente, que sea eficiente, personalizada, electrónica y garante de los derechos de la ciudadanía. La inteligencia artificial (IA), calificada por la Comisión Europea como una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI, ya ha empezado a impactar de forma significativa en la sociedad. Además, se anticipa una creciente presencia de la IA en nuestras vidas, en la medida en que se espera que en los próximos años el desarrollo de los algoritmos, el progresivo incremento de datos abiertos y masivos y el incremento de la capacidad de procesado de los equipos informáticos conduzcan a la generación de más y mejores aplicaciones de este tipo de tecnologías. El interés de estados y organizaciones supranacionales en la materia se ha plasmado en declaraciones, directrices, planes y programas estratégicos para integrar la IA en las sociedades contemporáneas de tal modo que se incentive su desarrollo al tiempo que se salvaguardan posibles intereses y derechos con los que podría entrar en conflicto. A pesar del elevado interés de los estados por construir una administración inteligente, como una pieza clave para la gobernanza inteligente, el grado de desarrollo y el nivel de empleo de herramientas inteligentes en el sector público todavía dista mucho de ser equiparable con el uso intensivo que se hace en el sector privado de la IA y sus aplicaciones. Estas herramientas inteligentes cuentan con gran capacidad para mejorar la prestación de los servicios públicos, en la medida en que pueden procesar el lenguaje natural (por ejemplo, para detectar irregularidades en las licitaciones públicas) o analizar grandes cantidades de datos para ayudar a la toma de decisiones públicas (por ejemplo priorizando, en base a las variables analizadas, qué establecimientos deberían ser objeto de inspección administrativa), entre otras funciones. Esta nueva administración, la administración inteligente que ya se ha empezado a construir, presenta una promesa de grandes mejoras en la actividad administrativa y en la prestación de los servicios públicos, pero, al mismo tiempo, abre una serie de riesgos con una clara dimensión jurídica y ética. El necesario avance tecnológico para la mejora del servicio público puede entrar, pues, en tensión con la seguridad jurídica, derechos fundamentales como la igualdad, la intimidad o la protección de datos personales; o con principios u obligaciones de actuación administrativa como la obligación de motivación o la eficacia del derecho de defensa o recurso, pues no siempre se conoce el porqué de los resultados proporcionados por algunas IAs (así, las black boxes).